BBVA está valorando la retirada de su Oferta Pública de Adquisición (OPA) a Banco Sabadell tras el anuncio del Gobierno español de imponer una serie de condiciones que podrían hacer inviable la operación en sus términos actuales.

El Ejecutivo ha autorizado la OPA, pero ha exigido que ambas entidades se mantengan como estructuras jurídicas separadas durante al menos tres años, ampliables a cinco. Durante este periodo, no podrían realizarse cierres de oficinas ni ajustes de plantilla derivados de la fusión, lo que impediría a BBVA ejecutar su plan de sinergias estimado en más de 850 millones de euros.

Ante este escenario, BBVA estudia tres opciones:
• Continuar con la operación ajustando el folleto de la OPA y rebajando las previsiones de ahorro.
• Retirar la oferta, al considerar que las nuevas condiciones alteran significativamente la viabilidad económica del acuerdo.
• Acudir a los tribunales para impugnar la decisión del Gobierno, argumentando que excede sus competencias legales.

La incertidumbre ha tenido efecto inmediato en los mercados. Las acciones de BBVA cayeron cerca de un 2,5 por ciento y las de Sabadell un 1,5 por ciento. Algunos analistas consideran que existe una alta probabilidad de que BBVA opte finalmente por abandonar la operación.

La entidad está a la espera de la publicación oficial de la resolución en el Boletín Oficial del Estado para tomar una decisión definitiva. En caso de seguir adelante, deberá presentar una versión revisada del folleto de la OPA ante la CNMV, con vistas a iniciar el periodo de aceptación durante el verano.

Por su parte, Sabadell mantiene su hoja de ruta independiente y presentará su nuevo plan estratégico el próximo 24 de julio junto con los resultados del segundo trimestre.

El conflicto abre un debate sobre el papel del Gobierno en procesos de concentración bancaria y sus efectos en la competitividad y el empleo dentro del sistema financiero español.